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9 años de crisis: ¿Quién le “bajó los breques” a la electricidad en Venezuela?

Desde hace meses, sin importar la hora, el lugar o lo que usted estaba haciendo, en cualquier momento del día pudo ser sorprendido por un inesperado bajón o apagón, que interfirió caóticamente con sus actividades cotidianas.

Ahora, un nuevo esquema de racionamiento eléctrico en bloque comienza a operar en todo el país. En el Zulia es de tres horas para cada sector y durante todo el día, incluso en la madrugada. Sin embargo, pareciera que esta situación se hizo costumbre y ya pocos recuerdan que la “crisis energética venezolana” tiene una data de nueve años.

Las primeras advertencias sobre un posible colapso en la generación eléctrica, las hizo Alejandro Lanz, director del Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela (CIEV), en 2003, cuando predijo que “la quema, deforestación, minería y explotación irracional de los bosques con fines comerciales están destruyendo la cuenca de los ríos Caroní y Paragua que alimenta a Guri, lo cual implicaría perder la segunda fuente hidroeléctrica más grande del mundo, afectando a todo la población de Venezuela”.

Sin embargo, algunos expertos sitúan el inicio de la crisis unos años después, debido a una prolongada sequía que ocasionó que el agua en el embalse de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar alcanzara niveles muy bajos, por una nueva ocurrencia del fenómeno climático de El Niño, que comenzó en julio de 2009.

Se tomaron diversas medidas para superar la crisis, una de las más polémicas fue un programa de racionamiento eléctrico en todo el país, excepto en Caracas, que se suspendió en junio de 2010, por la recuperación de los embalses por las lluvias y para no interrumpir la transmisión de la Copa Mundial de Fútbol de 2010.

Al inicio se implementó un plan de racionamiento eléctrico en Caracas, pero fue suspendido días después en medio de protestas, que también motivaron la salida del entonces ministro de Energía Eléctrica Ángel Rodríguez, siendo reemplazado por Alí Rodríguez Araque, que se mantuvo al frente del ministerio hasta 2013, cuando tomó las riendas Jesse Chacón, quien le pasó el testigo a Luis Motta Domínguez en 2015.

¿Emergencia eléctrica?

La situación de «emergencia eléctrica» se decretó el 21 de diciembre de 2009 y fue suspendida el 30 de noviembre de 2010, pero el 14 de mayo de 2011, luego de dos apagones nacionales, Chávez anunció un plan de racionamiento temporal y reconoció que el sistema eléctrico continuaba enfrentando «debilidades en la generación» que no esperaban superar hasta finalizar el año.

El problema energético se politizó. Además de la sequía, el gobierno culpó a sectores pudientes de la población y aseguró que derrochaban la energía eléctrica. La oposición responsabilizó al propio gobierno, acusándolo de no invertir en el mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico nacional.

La posibilidad de que el embalse de Guri alcanzara el nivel crítico fue asomada por primera vez por Chávez el 31 de enero de 2010 y aseguró que si las empresas no disminuían su consumo de electricidad «el 70 % del país quedaría sin servicio eléctrico».​

El 18 de marzo, el ministro de Energía Eléctrica, Alí Rodríguez Araque, anunció que no habría un colapso eléctrico y que pensaban operar la central hidroeléctrica Simón Bolívar por debajo de la cota de seguridad, aunque, admitió, “con limitaciones”.​

Para el 15 de abril de 2010, el embalse del Guri alcanzó los 8.79 metros encima del nivel de colapso; sin embargo, al día siguiente aumentó un centímetro, el primer incremento reportado en meses. El 23 de abril, el Ministro del Ambiente, Alejandro Hitcher, aseguró que el Guri alcanzaría un ritmo de crecimiento normal “dentro de 15 o 20 días”.

A media marcha

La Corporación Eléctrica Nacional reconoció a finales de 2008, que el 79 % de las centrales termoeléctricas tenían más de 20 años de antigüedad y que el 30 % registraban indisponibilidad por problemas técnicos.​ Además, de las centrales que estaban funcionando, muchas no lo hacían a máxima capacidad: se generaban 3.800 MW, cuando la capacidad instalada era de 9.051 MW.

Antes de la sequía de 2009 – 2010, ya existía una disparidad entre el incremento de la oferta y la demanda de energía eléctrica en Venezuela, la cual se incrementaba a un ritmo del 7 % anual desde el 2005.​

De acuerdo a cifras de la Oficina de Operación de Sistemas Interconectados, el gobierno de Chávez completó menos de la mitad de las inversiones en generación termoeléctrica planeadas en 2005.​ Alí Rodríguez negó la falta de inversión, aunque reconoció que existían retrasos en la ejecución de proyectos.

Medidas tomadas

Para diciembre de 2007, Chávez retrasó en 30 minutos la hora oficial del país. Como un desacierto lo calificó el experto eléctrico José Aguilar, porque el país necesita en promedio de 360 Gigavatios-hora diarios y por esa medida se empeoró el requerimiento en 2,5 %.

Se estableció como meta instalar en 2010 una capacidad de generación de 6.000 MW a través de plantas termoeléctricas, con un costo superior a los 5.000 millones de dólares, pero en abril de ese año, el ministro Alí Rodríguez rebajó además la meta a 5.000 MW y en octubre ​a 1.450 MW, con planes de alcanzar los 2.000 MW en “un futuro cercano”.

Se implementó un nuevo esquema de cobro del servicio eléctrico para los usuarios que consumían más de 500 kWh al mes y se ordenó a las industrias que redujesen en 20 % su consumo eléctrico. El racionamiento continuó, con cortes de tres horas a una frecuencia de 3 o 4 días. ​

Las industrias básicas de Sidor en Guayana bajaron su producción en 40 % en 2009, luego de que el ministerio de energía eléctrica fijara un tope de consumo de 300 MW. Para febrero de 2010, Sidor operaba a solo el 45 % de su capacidad.

En 2011 se empieza a importar electricidad desde Colombia. La transferencia se realizó a través Cuestecitas – Cuatricentenario, mediante el representante comercial exclusivo Isagen y desde Norte de Santander, a través del circuito San Mateo – Corozo.​

Se creó el Ministerio de Energía Eléctrica en octubre de 2009 y un Estado Mayor eléctrico en febrero de 2010. Ese año Chávez propuso reducir la jornada laboral a cuatro días a la semana, para ahorrar un 20 % de electricidad y se estableció toda la Semana Santa como no laborable.

Se implementó la Siembra de Nubes, un programa realizado con asesoría cubana. ​Se estableció un nuevo horario de apertura de los centros comerciales y la prohibición del uso de electricidad en avisos luminosos, excepto en farmacias, centros de salud e instalaciones de seguridad.

No hay luz a final del túnel

El ingeniero Nelson Hernández, energista, publicó en 2017 su investigación La crisis energética de Venezuela, una verdad oculta, donde manifiesta que a Corpoelec la llevó a la crisis el predominio de la política, la sobreexplotación de Guri, bajas tarifas, el incumplimiento de planes, la ausencia de mantenimiento, y la no completación de la termoelectricidad.

En el sector nacional de electricidad, señala como factores de deterioro la escasez de los combustibles termoeléctrico (gas y diésel), que más del 45 % de la capacidad de generación eléctrica instalada no está operativa, que la generación termoeléctrica no complementa la hidroelectricidad y que se necesita un plan agresivo, de aplicación inmediata, en el mantenimiento de la infraestructura de transmisión y distribución.

El ingeniero eléctrico, Miguel Lara, denunció en 2016 que a través de la Misión Revolución Energética, centrada en la sustitución de bombillos incandescentes por ahorradores e instalación de plantas de generación distribuida, el gobierno inició la colocación de pequeños generadores cubanos en todo el país.

Según informe del Centro Nacional de Gestión (CNG) del 2010, durante 2008 se instalaron en el país 19 plantas de generación que solo sirvieron como campaña política, pero no para resolver la crisis eléctrica del país, porque representaron una inversión de 1,3 millardos de dólares, con una duración de vida útil de apenas dos y tres años, lo que quiere decir que entre 2011 y 2012 dejaron de funcionar.

Inversiones oscuras

La empresa Derwick Associates obtuvo entre octubre de 2009 y diciembre de 2010, 12 contratos cifrados en 2.200 millones de dólares, por vender como nuevas turbinas usadas en Venezuela. Los contratos fueron otorgados por la Electricidad de Caracas (que en diciembre de 2011 pasó a formar parte de Corpoelec), Petróleos de Venezuela y la Corporación Venezolana de Guayana, según una investigación realizada por el periodista César Batiz.

Con una inversión de 200 millones de dólares, en 2011 se inició su la construcción del parque eólico La Guajira. El proyecto con el que se pretendía generar energía eléctrica mediante el viento sigue inactivo y los 75,6 MW, que debían producirse a finales de 2012, se unieron a una larga lista de objetivos sin cumplir, igual que el parque eólico Paraguaná.

Grandes centrales térmicas, como la Ramón Laguna (Zulia), Tacoa (Vargas) y Planta Centro (Carabobo), que sostienen la generación en regiones de alto consumo, “están inhabilitadas por daños particulares o falta de mantenimiento”, advirtió la Federación de Trabajadores de la Industria Eléctrica (Fetraelec).

A casi 14 años del inicio de la construcción de la central hidroeléctrica Manuel Piar en Tocoma, estado Bolívar (2002) y luego de reiterados retrasos para su inauguración (2012, 2014, 2015) el ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, indicó en noviembre de 2016 que para finales del primer semestre la planta se pondría en funcionamiento.

El valor de la construcción de la central, que debería aportar 2.160 MW cuando entrara en funcionamiento, escaló los 9.365 millones de dólares, según Motta Domínguez, cuando el monto inicial correspondía a 3.000 millones de dólares, un salto de 212,17 %.

La historia del sabotaje

A finales de 2015 se anexó la palabra sabotaje al glosario eléctrico nacional. Cada vez que hubo un apagón o alguna situación irregular con la generación eléctrica, se intentó responsabilizar a alguna mano oscura y anónima de producir desperfectos, desconectar algún equipo e incluso sustraer materiales de la industria.

El robo de cables es de reciente data. A partir de 2016 la sustracción del cableado eléctrico se relacionó a los sucesivos cortes y a la inestabilidad en la generación energética. Situación que se agudizó a finales de 2017 y principios de este año.

Sin embargo, los expertos aseguran que la realidad tiene que ver con que Corpoelec perdió más del 70 % de su personal calificado, que carece de vehículos para realizar inspecciones y cortes, que no es posible sustituir transformadores y otras piezas importantes, por falta de dólares para comprarlos, que no hay operarios que realicen la lectura de medidores casa por casa y que hace más de un año, el cobro mensual se realiza como un prorrateo de la última lectura.

En efecto, Venezuela junto con otros países como Colombia y Perú se vieron afectados por los efectos del fenómeno climático El Niño. Sin embargo, los expertos concuerdan que éste no es el único responsable de la crisis energética que sufre el país. Abusaron del Guri, le extrajeron más energía de la debida para ocultar la situación deficitaria del parque térmico de generación, que estuviera en condiciones de entregar confiablemente unos 8.200 MW no habría problema, explican.

La oscuridad persiste. Se tomaron medidas para atacar las dificultades que se fueron presentando en el camino. Sin embargo, ¿Qué pasó con el problema de base? Cuánto se ha hecho para frenar la quema, deforestación, minería y explotación irracional de los bosques con fines comerciales, cuánto se ha invertido en mantenimiento y actualización del sistema eléctrico nacional… Todo quedó en tinieblas.

Redacción: Reyna Carreño Miranda

Fotografía: Agencias

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