¿Puede el TSJ “en el exilio” lograr que Interpol emita una nota roja contra Maduro?

Desde su instalación en la sede de la OEA el pasado 13 de octubre de 2017, el llamado “TSJ en el exilio” ha venido cobrando notoriedad y generando gran expectativa nacional e internacional, al sentenciar sobre denuncias de corrupción y violaciones a al estado de derecho, cuyo común denominador es el Gobierno nacional como indiciado, pero más allá de la catarsis política y mediática que generan dichas actuaciones, ¿cuál es su aplicabilidad?

Para entender mejor el asunto, tomemos como referencia el emblemático caso del juicio contra el Presidente Nicolás Maduro, por su presunta implicación en el escándalo de corrupción internacional de la empresa brasilera Odebrecht.

A pesar de que el TSJ en el exilio y la Asamblea Nacional aseguran que existen suficientes indicios de la responsabilidad del mandatario en hechos que lesionan el patrimonio nacional, no hay en el país ningún cuerpo policial o fuerza pública dispuestos a ejecutar la orden de detención preventiva emitida contra éste a comienzos de marzo.

Por su parte, el Fiscal Tarek William Saab -designado por la Asamblea Constituyente-, y el presidente del TSJ en el país, Maikel Moreno –quien figura entre los llamados magistrados express que nombró el oficialismo tras perder su mayoría en la AN-, tildan de “irritas” las actuaciones de los jueces seleccionados y juramentados por un parlamento al que consideran “en desacato”.

Este desconocimiento mutuo entre la AN y los demás poderes, ha llevado a un punto muerto el debate de la legalidad y la legitimidad en Venezuela, por lo cual las instituciones dominadas por el chavismo terminan imponiendo su criterio dentro del territorio nacional, mientras la oposición intenta ejercer un contrapeso desde el exterior.

El reconocimiento y apoyo, tanto material como institucional, que la OEA, el Parlamento Europeo y los gobiernos de EEUU, Panamá, Colombia, Chile y Argentina, han dado al TSJ en el exilio, ha servido de plataforma que éste intente ejecutar sus fallos a través de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), aunque no es tarea sencilla.

A principios de abril el también conocido como TSJ “en el exterior”, solicitó a Interpol la emisión de una orden de captura internacional conocida como “nota roja”, en contra de Nicolás Maduro, pero los formalismos legales previstos en los estatutos del cuerpo policial hasta ahora han obstaculizado la medida.

Las normas de Interpol expresan que solo los países miembros, provistos con una orden de detención nacional válida, pueden solicitar ante la secretaría del organismo la emisión de una nota roja, lo cual tampoco quiere decir que las acciones del TSJ en el exilio sean en vano.

Según explica el internacionalista Mariano Alba, “el derecho internacional impide a Interpol emitir una alerta roja para concretar el arresto de cualquier Jefe de Estado (ya que dichos funcionarios gozan de inmunidad diplomática). La única manera es que la orden de captura sea emitida por un tribunal internacional como la Corte Penal Internacional”.

El posible impacto de los casos llevados por el TSJ en el exilio, radican en que estos –según explica Fernando M. Fernández, profesor de Derecho Penal Internacional en la universidad Monteávila de Caracas- crean una memoria jurídica que registra el drama de la victimización social y personal, lo cual a futuro sirve para entablar juicios contra los responsables y dar pie a las indemnizaciones en un contexto de reconstrucción institucional de la República.

Por su parte la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, que funge como observatorio venezolano de la justicia, explica que si bien el Gobierno Venezolano actualmente es objeto de averiguaciones por la Fiscalía de la CPI, aún no tiene un juicio en curso ni una orden de aprehensión de dicha corte.

Esto quiere decir que de momento, el presidente Maduro no puede ser detenido por autoridades internacionales en relación a delitos relacionados con su gestión gubernamental, mas no está exento de tener que responder por su responsabilidad personal en torno a irregularidades cometidas fuera de Venezuela, argumento que sustenta las sanciones financieras externas que actualmente lo afectan.

En resumen las acciones del TSJ en exilio tendrán la validez que la comunidad internacional esté dispuestas a conferirles, un escenario que va ganando mayor fuerza a medida que el Gobierno radicaliza su postura e incrementa su aislamiento con los países de la región y los foros multinacionales.

 

Redacción: Luis Ricardo Pérez P.

Fotografía: Archivo

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