Conatel cierra la 93.5 FM, 11 años después de vencida la concesión

Según cifras del gremio nacional de radiodifusores, en el país hay unas 295 emisoras cuyo futuro depende del criterio subjetivo del Estado, ya que desde hace más de una década sus concesiones estan vencidas y no han sido renovadas, a pesar de que siguen operando y pagando sus impuestos y derechos de uso, mientras solicitan la regularización de su estatus. Esta era precisamente la situación de la estación Súper 93.5 FM en Maracaibo, que el pasado domingo 23 de septiembre salió del aire por orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

Gustavo Vecino, director de la emisora zuliana, explicó tras la medida oficial que afecta a 17 trabajadores directos y 30 productores nacionales independientes, que el Ejecutivo Nacional mantiene deliberadamente a las estaciones de radio en una situación de ilegalidad y sin posibilidad de refutar, al no tramitar las renovaciones de las concesiones.

En la cuerda floja

En el caso de la 93.5, Vecino explica que durante los 11 años que llevan vencidos sus derechos de uso del espectro radioeléctrico, los representantes del circuito Higuera Miranda –propietarios de la emisora- ha solicitado recurrentemente la renovación ante el organismo rector, además de pagar mensual, trimestral y anualmente los derechos de concesión, así como los impuestos correspondientes ante el fisco nacional.

“Se han pagado los impuestos durante 11 años consecutivos, se inspeccionó la emisora siete veces en esos 11 años y técnicamente se reportó que estamos encendidos en tal frecuencia. Entonces, si pagas los impuestos mensualmente por derecho de concesión, no están teniendo un derecho de legalidad en esa situación”, argumentó Vecino en declaraciones ofrecidas a medios nacionales tras el cierre de la estación.

Como dato curioso, el director de Súper, recalca que la orden de apagar los equipos tiene la firma de Ernesto Villegas como ministro de Comunicación e Información, por lo cual se pregunta si era una orden que había sido tomada hace más de dos años, cuando éste todavía se encontraba en el cargo y recientemente, por motivos que no están claros, Conatel decidió ejecutarla de manera extemporánea.

“Además, si estamos 11 años vencidos por qué seguimos al aire (durante ese tiempo) y nos permitieron esto” cuestionó el comunicador, antes de aclarar que los equipos de transmisión no fueron decomisados como se conoció inicialmente, sino que “solo mandaron a apagarlos”.

Aumenta control informativo

Leonardo Pérez, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) en el Zulia avaló, en conversación con TuReporte, los señalamientos del director de la 93.5, al sentenciar que “si bien es cierto que esta emisora, al igual que muchas otras estaciones de radio e inclusive de televisión del país están con las renovaciones vencidas, también lo es que todo eso forma parte de la negligencia y una intención del Gobierno de restringir la libertad de expresión con la ayuda de Conatel”.

Pérez señala que los medios que se encuentran en esta especie de limbo legal, han intentado renovar sus concesiones, pero el ente rector lo único que ha hecho es retrasar las mismas, con el fin de usar esta situación administrativa como una herramienta de control.

“Lo que ocurrió con la 93.5 en Maracaibo, ha pasado también con otros medios de comunicación audiovisuales e impresos. Vemos como se tumban páginas web, se limita la utilización del Internet, como a los medios impresos se les controla la entrega de papel a través de la Corporación Maneiro; y es por ello que hemos visto que muchos periódicos han tenido que convertirse en semanarios o dejar de circular en papel, quedando solo en digital”, precisa el vocero gremial, al describir lo que denuncia como una intensificación de políticas dirigidas a ocultarle al país y el mundo el drama que viven los venezolanos.

Matar al mensajero

Pérez advierte que a medida que el Ejecutivo ha ido avanzando en el control de los medios de comunicación, han ido pasando a un ataque directo contra los periodistas, situación que se evidencia en casos recientes como el hackeo a la cuenta de twitter de la periodista Sebastiana Barráez, por publicar una investigación sobre la División de Contrainteligencia Militar, o la detención y anulación del pasaporte del periodista Isnardo Bravo en Maiquetía cuando salía de viaje junto a su familia.

“Es probable que en los próximos días el Gobierno arrecie en este tipo de medidas, para ir silenciando la realidad del pueblo venezolano, pero nosotros como gremio periodístico seguiremos informando y defendiendo los derechos inalienables de libertad de expresión, derecho a la información y al trabajo” concluyó el secretario general del CNP-Zulia.

Redacción: Luis Ricardo Pérez P.

Fotografía: Archivo