¿Quién financia a quién en la campaña para la Gobernación del Zulia?

Ocho mil dólares, equivalentes a 128 millones de bolívares, le costó a Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, la inscripción de Juan Pablo Guanipa y Eveling Trejo de Rosales en las primarias regionales del 10 de septiembre, con el objetivo de lograr el candidato unitario para los comicios regionales del 15 de octubre.

El alto monto, en una moneda extranjera y con la levadura del mercado negro y la restricción de divisas a precio preferencial, fue cancelado por 63 opositores aspirantes a gobernadores en 20 estados del país, lo que fijó el precio mínimo de la consulta nacional en no menos de medio millón de dólares.

Se trata de un monto interesante, según las matemáticas más básicas. Los esquemas de financiamientos dan para quejas y celebraciones. El público es cuando el Estado otorga los recursos a las organizaciones  previo a los procesos comiciales para que desarrollen sus campañas. Esto, en teoría, facilitaría la competitividad. El privado, que rige desde 2000 hasta nuestros días en el país, abre el compás para el secretismo, la corrupción y el juego de intereses económicos.

En el Zulia, Carlos Alaimo, abanderado del Partido Independiente del Zulia (PIZ) e Independientes Por el Progreso (IPP), levantó la voz esta semana contra la Mesa de Unidad por considerar que la cifra de 8.000 dólares resulta una cima imposible de escalar para líderes de los partidos ajenos al G-4 (Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo).

“¿Le consultaron a los partidos y a los candidatos de cuánto costará la logística de las primarias durante un día en sus regiones? ¿Hasta cuándo la MUD impondrá ideas, decisiones y formas de resolver los asuntos desde cuatro paredes en Caracas? La Unidad está para facilitar que las primarias se den. Que se haga posible que la mayoría de los independientes puedan participar”, sostiene el empresario, empeñado en la reducción de la cuota a cancelar.

La carrera por el Palacio de los Cóndores mueve millones de bolívares para caminatas, mítines políticos en los que se alquilan grandes locales y equipos de sonido, transporte para la movilización y la alimentación de los activistas, entre otras áreas proclives al gasto. ¿Quién paga todo esto? Banqueros, empresarios, contratistas, ganaderos y organizaciones políticas quieren retratarse tras bastidores para poder salir al ruedo a cobrar ante un hipotético triunfo.

¿De un bolsillo para otro?

Entre 1973 y 1999, con la Asamblea Nacional Constituyente que cimentó nuestra actual carta magna, las elecciones populares en Venezuela se alimentan con el sistema de financiamiento público. Hoy es el único país del hemisferio que no proporciona ningún tipo de recursos públicos, directo o indirecto a esas actividades.

Martín Albarrán, exconcejal del Partido Socialista Unido de Venezuela en los tiempos del MVR y exdirigente de Un Nuevo Tiempo, es enfático al referirse al papel de pulmón financiero de las contratistas. Esto no comulga en nada con la premisa que sustenta el cambio al financiamiento privado: reducir el papel o la interferencia del Gobierno en la realización de las campañas, pues lo hacen sus potentados.

El abogado recuerda cuando como concejal socialista apoyó la reelección de Gian Carlo Di Martino en la Alcaldía de Maracaibo. Funcionarios del ramo de la recaudación tributaria eran conminados para exigir el pago de un “pote” con los contratistas con base en los recursos asignados y el número de obras que cada uno tenía.

“Eso ocurrió y ocurre aún. Para nadie es un secreto. Según la cantidad de contratos que tienen es la cantidad que le exigen”, refiere el jurista, quien asegura que más allá de la deslegitimación que para millones de venezolanos tiene, el Consejo Nacional Electoral, tal vez por conveniencia, no hace valer realmente el 293 de la Constitución, artículo que establece que el Poder Electoral, entre sus funciones en los procesos, deberá controlar, regular e investigar los fondos de financiamientos de las organizaciones políticas.

Para acá y para allá

El gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, contaría con el respaldo de un importante banquero nacional que, de acuerdo con fuentes empresariales que prefirieron el anonimato, suele participar como colaborador electoral de tirios y troyanos. En la entidad financiera que preside recientemente se hizo una especie de encuesta entre los clientes VIP para determinar su posición y sondear las ayudas.

Arias Cárdenas, sin embargo, se sirve del andamiaje que le ofrece el Estado venezolano. Buses, vehículos oficiales y el respaldo logístico de las instituciones dominadas por el Gobierno, más cientos de miles de trabajadores del sector público, trabajan al servicio de su campaña. Sucede en todos los estados y en todos los niveles. El abuso inmune en forma de múltiples denuncias que se arremolinan en el fondo oscuro de la palabra “ventajismo”. Empresarios y contratistas que trabajan en su gestión también fortalecen las mandíbulas de su campaña.

“Hay financiamiento internacional en ese caso. Eso anótalo”, agrega Albarrán, quien como representante de Manuel Rosales Guerrero en la campaña presidencial de 2006 en el oriente venezolano, padeció por la desventaja existente entre oficialistas y opositores. “Un día me tocó trasladarme en carro durante 10 horas desde Puerto Ayacucho hasta unas minas de uranio. Cuando llegué con mi equipo por tierra el equipo del chavismo iba saliendo en un helicóptero prestado por una trasnacional”, cuenta. Sí, el abogado es consciente que era una campaña presidencial. “Pero el Gobierno aprovecha los convenios con empresas internacionales para gestionar ayudas. Es una política que le funciona siempre”.

Empresarios y ganaderos

En el caso de Juan Pablo Guanipa, un periodista zuliano vinculado con la investigación en materia política, relaciona a Primero Justicia con la fundación Konrad Adenauer que desde 1962 trabaja en Venezuela junto con sus contrapartes del mundo de la política y la sociedad civil. “Promovemos la democracia, los derechos humanos y un orden económico justo. Nuestros medios son el asesoramiento y la formación política”, reza la página de esta organización en Venezuela.

“No se trata de una organización que financia para desestabilizar. Históricamente fue la gran benefactora de la Democracia Cristiana. Copei llegó a recibir su apoyo”, añade el fablistán.

En la entidad, Guanipa gozaría de un respaldo importante de empresarios cansados del caudillismo impuesto por Rosales en la entidad y Maracaibo. El grupo, en el cual participan intelectuales y académicos y personas muy cercanas a la familia Guanipa, apuesta por oxigenar la política en el Zulia y acabar con el yugo monolítico de Un Nuevo Tiempo. Voluntad Popular, con Lester Toledo desde el exilio, le sumaría capacidad de fuego en la turbina económica.

Trejo de Rosales, con su esposo como portaaviones, recibiría colaboraciones de varias entidades bancarias y de empresas que añoran recuperar contratos perdidos con la salida de Pablo Pérez Álvarez de la Gobernación del Zulia. También el sector ganadero, del eje Sur del Lago-Machiques, apuesta por la Alcaldesa de Maracaibo, de acuerdo con un dirigente adeco, aliado de cara a la batalla por las primarias.

En anteriores elecciones, a Manuel Rosales se le vinculó además con Tobías Carrero, dueño de Multinacional de Seguros, y con Rubén Barboza, productor agropecuario y uno de sus mejores amigos, pero fuentes cercanas aseguran que en esta oportunidad estas fichas no tendrían la cercanía de antaño.

El secretismo de las toldas se sustenta además con supuestas promociones internas, rifas, ventas de bonos, todo enmarcado en el artículo 252 de la Ley de Procesos Electorales, que revela que se entiende por financiamiento de la campaña electoral, las actividades u operaciones económicas y financieras efectuadas por las organizaciones con fines políticos, grupos de electores, comunidades u organizaciones indígenas, así como las candidatas y candidatos, con el objeto de cubrir los gastos para estimular al electorado a sufragar por determinado candidata, candidato o lista de candidatos.

 

Redacción: Raúl Semprún

Foto: Javier Plaza