Los cinco momentos más oscuros de la MUD
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) vive su peor momento desde que ganó la mayoría de los escaños de la Asamblea Nacional, en diciembre de 2015. Allí comenzó un conflicto institucional con el gobierno de Nicolás Maduro que se tradujo en varias derrotas políticas, pese a que hace dos años no se ha efectuado una elección más.
A continuación les presentamos cinco eventos que marcaron la debacle que atraviesa la oposición venezolana en el peor momento político del chavismo:
Parlamento en desacato
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró en “desacato” a la Asamblea Nacional en 2016 por negarse a desincorporar a tres diputados electos de Amazonas, acusados por el Psuv de cometer fraude en las elecciones parlamentarias. El máximo tribunal dictaminó que mientras los tres legisladores permanecieran en sus cargos, todas las leyes que emanaran del Parlamento serían nulas.
La oposición, que habían ganado según el Consejo Nacional Electoral (CNE) 112 diputados, quedó con 109 y sin poder de legislar. El TSJ nunca determinó si efectivamente hubo fraude en Amazonas, pese a que se declaró competente para hacerlo.
Sacar a Maduro en seis meses
“De aquí a seis meses buscaremos una salida democrática, constitucional y pacífica a la transición de este Gobierno”, sentenció en enero de 2016 Henry Ramos Allup, secretario general de Acción Democrática y presidente de la recién electa Asamblea Nacional. Luego de un intenso debate interno sobre el mecanismo para materializar la salida de Maduro del poder, la MUD descartó la petición de renuncia y una Asamblea Constituyente para embarcarse en un referendo revocatorio.
Las colas a las afueras de las oficinas regionales del Poder Electoral eran interminables en todos los estados de Venezuela.
El CNE dictaminó que la MUD debía recoger el 1% de las firmas del Registro Electoral en todo el país para aprobar la activación de la consulta. En agosto, luego de tres meses de espera, el árbitro comicial dictaminó que la oposición había cumplido con ese requisito, y en septiembre anunció que ahora necesitaba el 20 por ciento de las rúbricas de los electores para ir al revocatorio. Pero con una particularidad: tendría que recolectar el 20 por ciento de esas firmas en cada estado, y no en la totalidad del país como lo señala el artículo 72 de la Constitución, ya que la circunscripción electoral del Presidente es nacional, no regional, como en el caso de los gobernadores.
El proceso se iba a efectuar entre el 26 y el 28 de octubre en dos horarios: de 8:00 de la mañana a las 12:00 del mediodía, y de 1:00 a 4:00 de la tarde. La MUD tenía que recolectar 3.893.128 de firmas, ya que para entonces el padrón electoral era de 19.465.638 votantes. Aceptaron las condiciones adversas.
Pero entre el 21 y el 22 de octubre, siete tribunales penales regionales, sin poder de influir sobre un poder autónomo como el CNE, suspendieron la recolección del 20 por ciento de las firmas “hasta nueva orden judicial” por un supuesto fraude cometido en la recolección del 1 por ciento. La denuncia la hizo el Psuv. El referendo se suspendió indefinidamente.
¿Diálogo a escondidas?
Mientras la MUD pugnaba por la activación del revocatorio contra Maduro en 2016, se rumoraba que sus líderes sostenían conversaciones con voceros del Gobierno. Lo confirmaron el 13 de septiembre
Hasta ese momento habían tenido dos reuniones en privado, sin mediadores. Se habían planteado un tercer encuentro, pero los representantes de Maduro no acudieron.
“Acudimos a fin de defender lo que ha sido un testimonio y una posición pública: Los venezolanos vamos a exigir en todos los espacios el respeto a la decisión de salir de la crisis de forma pacífica y democrática, mediante la celebración del referéndum revocatorio este año 2016”, señalaba el comunicado de la coalición opositora.
Jorge Rodríguez, vocero del chavismo, lo confirmó el 14 de septiembre y habló de docenas de reuniones. Pero se trataba de un “pre-diálogo”. Por la oposición acudieron Jesús “Chúo” Torrealba, secretario ejecutivo de la MUD para ese entonces, Carlos Ocariz, de Primero Justicia, y Timoteo Zambrano, de Un Nuevo Tiempo. Por el Ejecutivo nacional, estuvieron presentes Delcy Rodríguez, canciller en ese momento, su hermano Jorge Rodríguez, alcalde de Libertador y Roy Chaderton, excanciller.
Oposición y Gobierno, finalmente, se instalaron en Margarita a negociar una salida pacífica a la crisis con esos voceros, y con la mediación del Vaticano, de los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Leonel Fernández (República Dominicana), Martín Torrijos (Panamá) y Ernesto Samper, presidente de Unasur.
Acordaron negociar un calendario electoral, que incluía un adelanto de las elecciones presidenciales, un canal humanitario para el ingreso de alimentos y medicinas, liberación de presos políticos, la defensa del Esequibo y el fin del “desacato” de la Asamblea Nacional.
“Si ya sabemos que el revocatorio lo mataron, tenemos que buscar soluciones al corto plazo”, dijo Ramos Allup. La MUD suspendió a petición del Vaticano una marcha a Miraflores prevista para el 3 de noviembre, anunciada el 26 de octubre durante la “toma de Caracas”.
No hubo acuerdos, el Gobierno no cumplió su parte. Las reuniones se dieron por terminadas formalmente en enero de 2017. La MUD, para muchos de sus seguidores, “enfrió” las protestas de calle y “legitimó” a Maduro en la presidencia.
Protestas, constituyente y primarias
La MUD retomó las protestas de calle en abril exigiendo calendario electoral, alimentos y medicinas. El TSJ, al determinar que el Parlamento no salía de su “desacato”, asumió sus funciones. La fiscal Luisa Ortega Díaz denunció la ruptura del orden constitucional.
Así comenzó su divorcio con el Gobierno. Su señalamiento recrudeció las protestas y Maduro respondió con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, sin consultarlo al pueblo en un referendo, como lo demanda el artículo 347 de la Constitución. Las manifestaciones duraron cuatro meses. Culminaron el 30 de julio tras la elección de la Asamblea Nacional Constituyente a la que sólo se postularon candidatos chavistas. Hubo más de 130 asesinados en las manifestaciones.
Estos eventos implicaron otra derrota para la oposición, que no consiguió el adelanto de elecciones ni el ingreso de comida y medicinas para los más necesitados.
El CNE, finalmente, anunció que el 15 de octubre se celebrarían las elecciones regionales, suspendidas desde 2016 si argumentos claros. La oposición fue a elecciones primarias. Las riñas internas salieron a la luz: en Zulia, por ejemplo, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia terminaron la jornada a trompadas. En Aragua y Amazonas los candidatos perdedores no reconocían la victoria de su contrincante.
¿Otro diálogo?
El 14 de septiembre de este año, por iniciativa de Danilo Medina, presidente de República Dominicana, y con el visto bueno de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, los mismos representantes de la MUD y el Gobierno —con la excepción de Ocariz y “Chúo” Torrealba— vuelven a acercarse.
Los partidos de la oposición, una vez más, niegan que haya diálogo y reiteraron sus exigencias para una “negociación seria”: “El restablecimiento del voto como única fuente del poder del Estado. La liberación de presos políticos, el levantamiento de las inhabilitaciones a dirigentes opositores y el cese a la persecución. El reconocimiento pleno de las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional electa por el voto popular. La atención inmediata a la emergencia económica y social”.
La Mesa de la Unidad enfrenta su segundo septiembre negro en un año, con una elección en puertas y su credibilidad puesta a prueba en su momento de mayor fragilidad.
Redacción: José Flores
Foto: Archivo
