Meterán «en cintura» a dueños de terrenos ocioso y edificios abandonados en 5 de julio

Para los inversionistas inmobiliarios Maracaibo es un gigantesco tablero de monopolio, donde los dados de la economía y la política parecen predeterminados a mandarlos “directo a la cárcel, sin pasar por GO ni cobrar $200”. En esta infeliz dinámica, uno de los vértices más afectados del cuadro de juego ha sido el Bulevar 5 de Julio, por lo que la municipalidad actualizó las tarjetas del “Arca Comunal” y “Casualidad”, para reactivar “por las buenas o las malas” el importante eje vial.

Mucho se ha dicho ya de las rebajas fiscales diseñadas por el Consejo Municipal desde 2014 para atraer la inversión en la calle 77, pero a pesar de los beneficios, el entusiasmo de muchos promotores no ha pasado de la fase de proyecto a causa de la volatilidad cambiaria, haciendo que un gran número de predios se mantengan en “latencia o engorde” a la espera de mejores condiciones para ejecutar obras o vender.

Apretando tuercas

Aunque la municipalidad está consciente de las dificultades que la situación país impone a los constructores y comerciantes, mantiene su determinación de rescatar el bulevar. Con tal fin, el pasado 9 de noviembre se aprobó la Ordenanza Sobre el Uso del Espacio Público y Diseño Urbano de la Calle 77 de Maracaibo, en la cual se endurecen las penalidades para los propietarios de terrenos ociosos o edificios en ruina.

Ada Raffalli, presidenta de la Comisión de Urbanismo y Arquitectura del Concejo Municipal, explicó a Tu Reporte que la normativa define plazos máximos en los que los dueños de las parcelas que están sobre 5 de Julio o sus transversales, deben acatar las condiciones mínimas de mantenimiento o serán obligados mediante sanciones pecuniarias y administrativas.

El título III de la referida normativa, dedicado a edificios en estado ruinoso, de abandono y terrenos desocupados, establece en los artículos 163 y 164, que los propietarios tendrán hasta un año, contado a partir de la notificación que deberá hacer la Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU), para proceder a construir, refaccionar, habilitar o demoler, en forma voluntaria.

Si el dueño no acata en el plazo establecido, el municipio iniciará un procedimiento administrativo para demoler la estructura, y los costos que se generen de tales acciones correrán por cuenta y cargo del propietario de la edificación, sin perjuicio de su cancelación por parte de cualquier tercer interesado.

Raffalli aclara que el proceso administrativo garantiza el debido proceso y establece audiencias donde la parte interesada podrá exponer sus argumentos de defensa.

El artículo 165 establece que “Todo terreno ubicado dentro de la poligonal que abarca la presente ordenanza (calles 76, 77 y 78, así como sus transversales desde el Cuartel Libertador hasta la avenida El Milagro), deberán estar cercados, libre de escombros y basura”.

Las parcelas ociosas o edificaciones abandonadas que estén afrontadas al bulevar, deberán ser acondicionadas por sus propietarios como estacionamiento, hasta que se construya una nueva edificación, para lo cual se otorgarán rebajas fiscales previstas en las normativas municipales vigentes.

En caso de desacato, el artículo 166 de la Ordenanza contempla que se castigará con una alicuota mayor por concepto del pago del impuesto en referencia a los propietarios de aquellos terrenos que se encuentren en la situación indicada en los artículos 162 y 164.

Escenarios en concreto

A finales de noviembre la alcaldesa de Maracaibo, Eveling Trejo de Rosales promulgó el nuevo texto normativo, el cual entrará en vigencia durante la segunda semana de diciembre. Cabe destacar que OMPU podrá hacer las notificaciones bien sea de forma directa a los propietarios o mediante la publicación de carteles en los principales medios impresos de la ciudad.

En términos concretos estas nuevas disposiciones afectarán a icónicas propiedades del bulevar como el terreno de la antigua sede de Gina, previsto para el proyecto Maxi Mall (propiedad de Promociones del Norte); el abandonado Hotel 5 de Julio en el sector Paraíso; el edificio abandonado del Banco de Comercio y el cine Altamira (Fogade); las supuestas casas embrujadas Morela y Luminosa ubicadas diagonal a la Iglesia San José (Familia Santorzola); el edificio La Milagrosa en la bajada hacia El Milagro (Inversiones Oliba de Venezuela) y las propiedades del grupo Moschella conformadas por el antiguo edificio de Enelven, el terreno del desaparecido café Kabuki, la parcela ociosa frente al Bingo Maracaibo y la extinta estación de servicio American Bar en la esquina de Bella Vista.

Las previsiones apuntan a que al menos los terrenos del proyecto Maxi Mall y los del grupo Moschella, se ajustarán voluntariamente a las exigencias municipales, ya que en los últimos tres años en estas propiedades se han efectuado demoliciones y limpiezas con miras a desarrollos urbanos que están paralizados estratégicamente a la espera de mejores condiciones económicas.

Por otra parte, los casos de La Milagrosa y Altamira resultan más complejos ya que se trata de estructuras que superan en ambos casos los 15 pisos de altura y presentan desviaciones estructurales, por lo que su proceso de demolición se considera de alto riesgo, además de costoso por estar muy cerca de áreas residenciales.

Ambos edificios también tienen un historial de complicaciones legales que involucran a entidades bancarias; una situación que haría más difícil determinar la responsabilidad final del inmueble, así como el pago de los trabajos de desafectación, si es que éstos llegaran a efectuarse algún día.

Tal vez el efecto más inesperado que logren con la nueva ordenanza en materia de edificaciones ruinosas sea finalmente la restauración o desaparición de las casas Morela y Luminosa, las últimas reliquias de 5 de Julio, que se han resistido al progreso por más de 70 años.

Redacción Luis Ricardo Pérez P.

Fotografía: Archivo