Cómo una planta de General Motors de $100 millones terminó en manos de un zuliano

En abril de 2017, mientras el país se sumía en una escalada de conflictividad social, el fallo de una demanda civil que llevaba 17 años en tribunales, le dio una estocada letal a las operaciones de General Motors en Venezuela, al decretar el embargo de su ensambladora en Carabobo, a favor de un empresario zuliano de ascendencia árabe, dueño de dos concesionarios Chevrolet que llevan más 10 años inactivos.

La noticia que en principio fue difundida “erróneamente” como un nuevo caso de expropiación gubernamental contra otra transnacional, quedó sepultada o desfigurada bajo una lluvia de titulares que versaban sobre la vorágine política que incendiaba al país en esos días.

Como bola de nieve

El entuerto informativo se produjo a causa del comunicado divulgado por GM en su página web, anunciando que el martes 17 de abril de 2017, la planta de la empresa había sido “sorpresivamente tomada por las autoridades públicas, quienes asumieron su control e impidieron el desarrollo de las actividades. Adicionalmente otros activos de la empresa, como vehículos (158), fueron sustraídos de manera ilegal de las instalaciones”.

Posteriormente se conoció que las causas de aquella acción no venían por orden del gobierno de Nicolás Maduro sino del Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Tránsito del estado Zulia, en respuesta a la querella interpuesta por Kaled Kansao Richiani, contra GM por daños y perjuicios causados tras el retiro de la concesión.

En el año 2000 Kansao y su socia Elena Rodríguez, manejaban dos concesionarios de GM, originalmente fundados por el padre del empresario de ascendencia árabe, cuando la casa matriz les retiró la franquicia. El alegato de GM se fundamentaba en que los franquiciados no cumplían con la cuota de 25 vehículos vendidos al mes, pero fuentes cercanas al sector afirman que las razones para las bajas ventas de Kansao venían de fricciones previas con la Chevrolet.

Empresarios del ramo automotor que prefirieron mantener su identidad en reserva contaron a TuReporte que GM había acordado con sus franquiciados en el país un refrescamiento de la imagen de la marca, que implicaba modificaciones en las plantas físicas de los concesionarios, pero Kansao no estuvo de acuerdo y retó la disposición de la casa matriz, lo cual llevó a que la planta de Carabobo les despacharan menos vehículos que al resto de las sucursales.

Las tensiones comerciales desencadenaron en un litigio con demandas y contrademandas que durante varios años saltaron de un tribunal a otro, hasta que en 2007, por razones que no están muy claras, el tribunal zuliano ordenó a la ensambladora compensar a Kansao con 9.725 vehículos en consignación, que corresponderían a las ventas que el afectado no habría podido hacer tras siete años.

De mal a peor

Como para entonces GM ya no contaba con esa cantidad de vehículos en su planta, el caso continuó pasando de juzgado en juzgado, hasta que diez años más tarde, el 4 de abril de 2017, el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Zulia, autorizó a los demandantes a embargar activos de la transnacional por un valor de 477.000 millones de bolívares (unos 101 millones de dólares al cambio no oficial del momento), en compensación por los carros que nunca recibieron.

La empresa norteamericana reaccionó a través de un comunicado afirmando que “la cifra solicitada excede toda lógica e inviabilizaría las actividades de GMV en forma permanente. La empresa tiene la firme convicción de que el embargo es improcedente, absurdo, fuera de la lógica jurídica y del debido proceso, además la demanda originaria, relacionada con la cancelación de la concesionaria por ineficiente desempeño, carece de toda substancia”.

Cuando medios internacionales como la agencia de noticias Reuters -especializada en economía-  solicitaron a General Motors que sustentara sus afirmaciones de que el proceso había sido “corrompido”, la empresa indicó que en el transcurso de la disputa, seis jueces y dos funcionarios de la corte se habían inhibido recusándose a sí mismos, alegando “amenazas y preocupación por su seguridad personal”.

GM, quien venía luchando por mantenerse en Venezuela, a pesar de que desde el año 2015 no ha podido producir más vehículos por falta de insumos, anunció el cese de sus operaciones a raíz del embargo ejecutado contra su ensambladora.

Un representante de la compañía enviado desde los Estados Unidos se reunió con los 2.678 trabajadores para cesar la relación laboral “debido a causas ajenas a la voluntad de las partes” y explicar a los 79 concesionarios que conformaban la red de servicios automotores más grande del país los argumentos de la casa matriz.

Según información divulgada por Reuters el ejecutivo de GM explicó a los afectados que la empresa no podía seguir luchando contra la situación, debido a la falta de garantías judiciales para alcanzar “una decisión justa”, sin embargo aseguraban el pago de las prestaciones a todos sus trabajadores de acuerdo a las leyes vigentes y en la medida que las acciones del Gobierno venezolano se los permitiera.

¿Bendición disfrazada?

Lo que parece un revés para GM bien podría verse como una salida estratégica que le permite al consorcio transnacional deshacerse de una operación que ya en lugar de utilidades, solo reportaba pérdidas, con un pesado lastre de pasivos laborales que desangraban a la compañía.

La ley venezolana requiere que el tribunal subaste la fábrica para satisfacer la sentencia, pero mientras ello ocurre, está obligada a pagarle a los concesionarios unos 36.000 dólares mensuales como “cuota de ocupación”; sin embargo, GM no ha aclarado aún si piensa cumplir con lo que establece el fallo, en lugar de ello, ha expresado que “la incautación ilegal e indignante fue el acto final de una serie de desafortunados eventos que están fuera del control de GMV”.

Ya desde 2015 la ensambladora venía cancelando los salarios de los trabajadores, a pesar de que no se encontraban produciendo, pero aun así, los sindicatos exigían compensaciones adicionales por no poder disfrutar del beneficio contractual que les daba acceso preferencial a los vehículos con precio regulado (que más tarde terminaban vendiéndose en el mercado secundario por un valor sustancialmente mayor al que pagaron).

La presión de los gremios llevó a que en el 2016 GMV ofreciera pagar una compensación de $3.500 a cada trabajador, pero la misma fue rechazada por la masa laboral ya que los dividendos que les reportaba la reventa de los vehículos eran muy superiores a eso. Ahora se quedaron sin chivo y sin mecate.

En un comunicado en mayo del año pasado, Kansao y su socia, acusaron a GM de perjurio, tráfico de influencias y violación de la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras de Estados Unidos, sin ofrecer evidencia. Aseguraron que la automotriz ha ignorado las sentencias judiciales venezolanas porque cree que “el poder da la razón”.

La contienda entre General Motors y Kansao está todavía lejos de un final. Aunque el empresario zuliano tiene en su poder la ensambladora con capacidad para 45 mil vehículos, ésta es un cascarón vacío, sin trabajadores ni insumos para operar, adicionalmente los potenciales compradores de semejante infraestructura se mantienen a raya debido a la inseguridad jurídica en el país, mientras que el Gobierno venezolano tampoco cuenta con los medios materiales y financieros para ponerla a trabajar.

Por su parte GM sigue firme en su rechazo a la medida que considera “arbitraria” y asegura que “ejercerá vigorosamente todas las acciones legales dentro y fuera del (país) en contra de (esta)”, con lo cual se suman a la veintena de arbitrajes internacionales que buscan revertir nacionalizaciones y expropiaciones de empresas transnacionales.

 

 

 

Redacción: Luis Ricardo Pérez P.

Fotografía: Archivo

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