¿Quiere defender sus derechos ante Corpoelec? Entérese cómo

“La peor diligencia es la que no se hace”. Con esta frase, Daniela Guerra, coordinadora general de la Comisión para Derechos Humanos del Zulia (CODHEZ), intenta estimular a los escépticos, para que se atrevan a defender sus derechos ante la Corporación Eléctrica de Venezuela (Corpoelec).

Tal vez pareciera como “nadar contra la corriente”, pero el CODHEZ activó un mecanismo para que la ciudadanía pueda poner sus quejas en “tinta y papel” y hacerlas tangibles para poder ser contabilizadas. Recuerde que las protestas en calle, quemar basura o desahogarse en las redes sociales no tiene una repercusión legal como consignar un reclamo escrito.

En mayo de este año la comisión elaboró un formulario y lo colocó en la página web de CODHEZ, para que los usuarios lo descarguen, lo llenen y lo lleven a la única oficina de reclamos que tiene Corpoelec. De esta manera quedará una prueba por escrito de cada uno de los casos de afectados por cortes, bajones, sobrecargas y racionamientos.

Corpoelec inaccesible

“Nuestra misión es empoderar a los ciudadanos para que defiendan sus derechos, porque los servicios públicos como la electricidad son una responsabilidad del Gobierno y tiene que responder y solucionar cuando el servicio falla”, asegura Guerra.

La defensora también reconoce que el proceso de consignación del reclamo es algo complicado, ya que por vía telefónica la comunicación es imposible y la empresa de electricidad cuenta con una sola oficina, ubicada en la avenida Paul Moreno (antes Fuerza Armadas), con un horario de atención bastante limitado.

Sin embargo, Guerra invita a la colectividad a hacer valer sus derechos. “Nosotros llevamos la semana pasada un grupo de 10 denuncias elaboradas por nuestro equipo de trabajo y por algunos voluntarios que pusieron en papel su queja”, insiste y asegura que en CODHEZ están disponibles para recibir el reclamo si el afectado intentó llevarlo a Corpoelec y le fue imposible entregarlo.

Conforme a la Ley

“En vista de las graves consecuencias ocasionadas por las fallas del servicio eléctrico en los hogares zulianos, en la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia promovemos la gestión de los reclamos por parte la ciudadanía para exigir la reparación de los daños ocasionados”, explica la página del CODHEZ.

El reglamento general de la Ley del Servicio Eléctrico publicada en la Gaceta Oficial número 37.825, en fecha del 25 de noviembre de 2003, dispone en el artículo 9 el resarcimiento por daños y perjuicios a las instalaciones o artefactos provocados por las fallas en el servicio eléctrico. A su vez, indica en el artículo 25, la obligación por parte de la distribuidora de servicio, de atender, solucionar y responder los reclamos de los usuarios  en el tiempo pertinente.

“La documentación de las vulneraciones de los derechos reconocidos en la ley permite conocer la magnitud de los daños ocasionados y llevar un conteo de los casos donde los ciudadanos se han visto afectados por las acciones y omisiones de los entes estatales”, detalla la página.

La denuncia hace efectivos los derechos de los ciudadanos y ayuda a establecer medidas de reparación y crear procesos para exigir justicia ante los responsables.  “Por este motivo, facilitamos a los zulianos la gestión de reclamos por los daños producidos por las deficiencias del servicio eléctrico a través de una planilla que pueden utilizar para hacer reclamos”, establece.

Uno a uno sumando reclamos

Aunque no existe un derecho a la electricidad como tal, Guerra puntualiza que la calidad del servicio eléctrico incide en el trabajo, la prestación de servicios de salud, la educación y en general, la calidad de vida de la ciudadanía.

La expectativa de respuesta es baja, ante los niveles de impunidad que se evidencian a diario, sin embargo queda la posibilidad de que con cientos de constancias por escrito, Corpoelec tenga la obligación de responder.

Este será un proceso inédito en la región, ya que CODHEZ investigó en los archivos de reclamos y solo existe uno que se realizó hace años. Este es el momento de generar en la ciudadanía una conciencia de responsabilidad sobre la defensa de los derechos personales y colectivos, por el mero hecho de hacerlo y porque además es un deber.

Redacción: Reyna Carreño Miranda

Fotografía: Archivo