Patrimonio cultural: Una distinción que “hace temblar” a los propietarios marabinos

En Maracaibo es casi imposible lanzar una piedra sin golpear algo que no sea patrimonio cultural o susceptible de ser declarado como tal. Nuestro espíritu vanguardista, idiosincrasia, ubicación geoestratégica y potencial comercial, agropecuario y minero, han impregnado a la ciudad de significado histórico y artístico, poniéndola en un constante forcejeo con intereses familiares y corporativos que se ven mediatizados a la hora de disponer de sus bienes inmuebles.

El dilema del patrimonio cultural versus patrimonio particular es un debate complejo y muchas veces acomodaticio donde los argumentos de progreso y derecho a la propiedad privada chocan con la preservación de la identidad e historia de un pueblo.

Simplificando el criterio de la UNESCO, podemos decir que el patrimonio cultural son todas las manifestaciones tangibles e intangibles que forman parte de la memoria colectiva de una sociedad, nación, región o localidad; pero en estas líneas solo abordaremos lo concerniente al patrimonio material inmueble ya que es una de las aristas más controversiales.

Crímenes del progreso

La expansión urbanística impulsada por la bonanza petrolera del siglo pasado, modernizó a Maracaibo pero también dio pie a lo que algunos califican como “crímenes del progreso”. Paradójicamente algunas de esas “fechorías” como la demolición de El Saldillo, luego dieron origen al Paseo Ciencias y posteriormente el Monumento a la Chinita, que ahora también figuran entre el patrimonio cultural de la ciudad.

En el otro extremo, hay casos lamentables como el llamado Castillo de Lucas Rincón y la quinta Shangrila (de estilo asiático), que solían estar en la avenida Bella Vista y fueron demolidas en distintas épocas por los herederos de sus respectivos creadores, para evitar que fueran declaradas como patrimonio cultural y así poder disponer de los valiosos terrenos situados sobre una de las vías comerciales más cotizadas de la ciudad.

El edificio “Las Laras” de 5 de Julio, hoy conocido como PDVSA La Estancia, también fue epicentro de polémicas en junio del 94 cuando “fue incendiada intencionalmente” -según indica el reporte del Cuartel de Bomberos de Maracaibo-, a solo tres años de haber sido declarado patrimonio cultural de la nación. Afortunadamente la estructura edificada por la Royal Dutch Shell en 1928, fue reacondicionada por la Shell, que la usó como sede regional hasta el 2005 cuando fue expropiada por el Gobierno nacional.

Atados de manos

Para los propietarios de edificaciones con valor histórico, artístico o arquitectónico, pasar a formar parte de la identidad cultural no suelen ser buenas noticias, ya que si bien no siempre la calificación va acompañada de expropiación, implica que el propietario pierde autonomía sobre la disposición del inmueble, aunque pueda seguir disfrutando de él.

La Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, publicada el 3 de septiembre de 1993 en Gaceta Oficial extraordinaria Nº 4.623, establece en sus artículos 3 y 6 que el patrimonio cultural de la república “está constituido por los bienes de interés cultural así declarados que se encuentren en el territorio nacional o que ingresen a él, quien quiera que sea su propietario”.

El propietario sólo podrá reclamar indemnización cuando la preservación del inmueble implique una limitación que desnaturalice los atributos de su derecho de propiedad y en dicho caso, se hará conforme los criterios establecidos en la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Interés Social.

Aunque siga siendo un bien privado, el Instituto del Patrimonio Cultural (IPC) pasa a ser el ente garante de la preservación del inmueble, por lo que éste debe autorizar toda enajenación, gravamen u otra limitación al derecho de propiedad, así como cualquier demolición, reformas, reparaciones o restauraciones (artículos 8, 17, 18 y 21).

La ley también dispone que en caso de que las obras se hayan comenzado o concluido, el IPC podrá ordenar que el inmueble se reponga a su estado anterior y los trabajos de restitución se harán a expensas del propietario.

Cualquier acción que constituya destrucción, deterioro o daño a un bien clasificado como patrimonio cultural será penado con 2 a 4 años de cárcel, mientras que cualquier otra infracción a la normativa acarreará multas entre 5.000 y 10.000 días de salario mínimo urbano, según se estipula en los artículos 44 y 47.

Letra muerta

Al igual que ocurre con muchas otras cosas en Venezuela, la existencia de una ley y un ente responsable de hacerla respetar no implica su cumplimiento. De hecho en abril de 2017 la Academia de la Historia del Zulia emitió una carta pública denunciando “la situación de deterioro y abandono” del patrimonio histórico-cultural de la región.

La misiva expone que “el IPC no tiene representación ni presencia regional, y el Sistema Regional de Patrimonio Cultural, coordinado por la Secretaria de Cultura del estado no se ha constituido tras 10 años de su creación. Así mismo, la Junta de Patrimonio Cultural del Municipio Maracaibo fue eliminada y en los otros municipios del Zulia no existen organismos de esta naturaleza”.

Esta situación ha llevado a que el patrimonio cultural zuliano esté en un estado de desatención, sin registros actualizados y con declaratorias pendientes, siendo el Puente Sobre el Lago y la Laguna de Sinamaica dos de los casos más sobresalientes.

Inmuebles emblemáticos como el Hotel Granada, el Retén de Bella Vista, La Calle Carabobo, la casa Villa Ernesta, la Iglesia Cristo de Aranza, la Iglesia San Felipe y el Complejo Ciudad de Dios de la Fundación Niños Cantores muestran un avanzado deterioro sin que su estatus patrimonial implique alguna protección real o auxilio gubernamental.

Uno de los casos más recientes fue el Palacete de Loyola en la avenida Dr. Portillo, a la altura del sector Paraíso, el cual fue declarado de utilidad pública por la Gobernación del Zulia para convertirlo en un centro cultural y tras anunciar la asignación de recursos que excedían los Bs. 20 mil millones para su restauración, las labores no pasaron de una limpieza de terreno. Hoy nada ha cambiado en la emblemática mansión.

Con semejantes antecedentes queda bastante claro porqué la animadversión y hasta pánico de los propietarios privados y corporativos cuando su inmueble es considerado como candidato a ser declarado patrimonio cultural, algo que en otros países de orientación progresista representa un honor y hasta ciertas ventajas fiscales.

Redacción: Luis Ricardo Pérez P.

Fotografía: Archivo