¿Qué pasaría si la comunidad internacional desconoce los resultados del 20M?

El próximo domingo 20 de mayo se celebrarán en el país las elecciones presidenciales y de consejos legislativos convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), pero más allá de los resultados e índices de participación que se desprendan de dicho proceso, su sola ejecución precipita -sobre las cabezas de justos y pecadores criollos- una espada de Damocles internacional con doble filo en lo político y económico.

La respuesta a la interrogante de qué ocurrirá en Venezuela a partir del 21 de mayo, dependerá en gran medida de las acciones concretas que los países del llamado Grupo de Lima y entes multilaterales como el Parlamento Europeo y la OEA tomen para tratar de torcerle el brazo a un Poder Ejecutivo al que consideran como “dictatorial”, “corrupto” y a partir de la semana entrante “ilegítimo”.

Los hechos registrados en el país durante el 2017 fueron decisivos para que muchas naciones que criticaban tibiamente la actuación del chavismo en materia de derechos humanos, asumieran una postura más tajante.

Las protestas que dejaron más de un centenar de muertos y la activación una Constituyente para neutralizar al parlamento de mayoría opositora, y crear una nueva carta magna a la medida del oficialismo -a pesar de las irregularidades denunciadas en torno a su convocatoria y elección-, representó un punto de quiebre en la tolerancia de países con gran influencia en el contexto internacional, pero la motivación fue más pragmática que altruista.

Aunque el “sufrimiento del pueblo venezolano” ha sido un eje temático común en la retórica de todos los países que ahora adoptan sanciones contra funcionarios del chavismo, la verdadera motivación es que la crisis venezolana está causando estragos en las finanzas, la seguridad y la gobernabilidad de toda la región.

La inminencia de una estampida migratoria aun mayor tras un triunfo de Nicolás Maduro el 20M, ha disparado las alarmas de los gobiernos receptores de la diáspora venezolana, por lo cual los cancilleres y mandatarios de México, Argentina, Perú, Panamá, Colombia, Brasil, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Costa Rica, Paraguay y Suiza han expresado de viva voz que desconocen todas las decisiones emanadas de la ANC, incluyendo a las elecciones presidenciales del 20M y al mandatario que resulte de éstas.

Como es de esperarse el Gobierno venezolano ha reaccionado ante las críticas tildándolas de “injerencismo imperialista”, a la vez que esgrime los principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos.

Recientemente el presidente Maduro aseguró que le basta con que lo reconozcan “el pueblo y las instituciones del Estado Venezolano”, pero a medida que se acorta el tiempo y se radicalizan las posturas, el verbo oficial ha ido ajustándose estratégicamente, temiendo el impacto que una aislamiento diplomático y comercial pueda tener en la economía y gobernabilidad de un país que depende excesivamente de las importaciones para alimentar a su pueblo (más del 70%).

El pasado miércoles 11 de mayo el canciller Jorge Arreaza parafraseó al Presidente al señalar que “a Venezuela ‘no le interesa’ si la comunidad internacional reconoce las elecciones”, pero dos días más tarde moderó la tónica al exhortar a los países que han manifestado posturas en contra de los comicios a “retomar el respeto”.

Si el Grupo de Lima y la Unión Europea pasan del dicho al hecho, tendrían que cortar relaciones con Caracas ya que resultaría una gran incoherencia mantener representación ante un Gobierno al cual no se le reconoce.

Esto es particularmente catastrófico al sopesar que Estados Unidos no solo es el principal adversario ideológico de la revolución chavista, sino también su mejor cliente en el mercado petrolero, mientras que países como Chile, Colombia, Panamá, México y Brasil han sido vitales en el pasado y el presente para adquirir los escasos alimentos que se encuentran ya sea en los anaqueles de los supermercados, como las propias cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Otra vulnerabilidad para un gobierno no reconocido internacionalmente es que los activos del país en el exterior -como refinerías de PDVSA y estaciones de servicio de la cadena Citgo-, si no es que antes son embargadas como resultado de alguna querella internacional interpuesta por trasnacionales petroleras, podrían ser confiscados bajo el argumento de resguardar el patrimonio de los venezolanos hasta que haya un cambio de autoridades, tal como ha ocurrido con el dinero encontrado en cuentas de exfuncionarios oficialistas en la Banca Privada de Andorra y Suiza.

Este lunes el Grupo de Lima, reunido en México, envió un ultimato al Presidente Maduro exigiendo que suspenda las elecciones del 20M por considerar dicho proceso como “ilegítimo” y “carente de credibilidad”.

El canciller azteca Luis Videgaray, quien asumió la vocería del bloque destacó que en la reunión de trabajo los ministros de exteriores y finanzas “se analizaron los posibles escenarios e identificaron una serie de acciones que podrían tomar de manera colectiva o individual, después del 20 de mayo, en el ámbito diplomático, económico, financiero y humanitario”, aunque no dio detalles ni señaló de manera explícita si desconocerán los resultados del 20M.

Mientras tanto la oposición venezolana exige una postura más contundente de la comunidad internacional, ya que en un escenario de abstención electoral y desmovilización ciudadana, la presión de otros países luce como el escenario mas promisorio para elevarle al chavismo el costo de mantenerse aferrado al poder. El suspenso se mantiene.

 

Redacción: Luis Ricardo Pérez P.

Foto: Archivo

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