El escándalo sucesoral de la Iglesia La Cruz, un “calvario judicial” que “resucita” en tribunales

En agosto de 2012 José Inciarte, pastor de la Iglesia La Cruz ya llevaba más de dos años muerto, cuando tres miembros del “rebaño” destaparon una investigación penal que puso “en tela de juicio” la designación de su viuda, Esmeira Cobos, como sucesora del templo. La acción dejó al descubierto una lucha -que aún persiste- por el poder religioso y económico de la congregación evangélica más grande de Venezuela.

El 27 de diciembre de 2009 a las 10 de la noche, un paro cardíaco marcó el encuentro de Inciarte con el Dios que durante 33 años inspiró sus sermones al frente de la Iglesia Pentecostal de la Cruz. Según documentos que ya tienen más de seis años en disputa, el pastor había prefigurado cuidadosamente desde el año 2007 los términos de su relevo.

Dinastía religiosa

A principios de noviembre de 2010, a poco más de un mes de cumplirse el primer aniversario de la desaparición física del pastor, Esmeira Cobos de Inciarte, hija del fundador de la iglesia, develó ante la feligresía un texto protocolizado por su esposo ante la comisión de cultos de la Asamblea Nacional y la Dirección de cultos del Ministerio de Interior y Justicia.

El escrito especificaba que en ausencia del pastor principal, La Cruz continuará trabajando bajo la estructura ya existente, compuesta por los pastores Joel Emmanuel, Pedro Silva y Servando Asuaje, un cuerpo de 70 ancianos y unos 600 diáconos. En cuanto al proceso de sucesión, las responsabilidades y funciones del líder religioso quedaban por espacio de un año en manos de los nueve miembros del Cuerpo Ministerial de la iglesia, mientras evaluaban las opciones para encabezar la congregación.

Cumpliendo con lo previsto en el documento dejado por Inciarte, el 19 de noviembre de 2010 se efectuó una elección donde Cobos fue electa como cabeza de la organización. Los problemas comenzaron cuando miembros de la iglesia que se sintieron afectados por los resultados tuvieron acceso a las actas de las asambleas que detallaban el entramado de la sucesión.

Lo que estaba en juego era algo más terrenal que la ascendencia moral y espiritual de la cabeza de la iglesia evangélica más influyente del país. El patrimonio de la institución se compone de al menos nueve propiedades y una “maquinaria” de dinero religioso que fluye incesantemente gracias al aporte mensual de unos 7.000 fieles, mejor conocido como diezmo (el 10% de sus ingresos).

Aunque no hay datos actualizados del erario acumulado en las arcas de La Cruz, cálculos conservadoras detallan que si todos los feligreses dieran un aporte mensual en base al salario mínimo actual de Bs.136.543,4 (unos Bs. 13.654,34), esto equivaldría Bs. 95.580.380 mensuales, que representan $2.640 a tasa no oficial vigente. Obviamente la suma debe superar por mucho este cálculo ya que no todos en la extensa congregación perciben ingreso mínimo.

Bajo la lupa

A finales de noviembre de 2010 Juan Andrade, José Finol y Ramón Molina, feligreses y empleados de la iglesia evangélica desde hace más de 30 años, abrieron la caja fuerte de Inciarte y encontraron tres actas de las asambleas donde se definió el mecanismo para nombrar al nuevo pastor de la iglesia.

Los documentos dieron pie a una investigación cuyos hallazgos representaron un verdadero sismo en la comunidad evangélica y la opinión pública cuando llegaron a manos de la prensa en agosto de 2012, durante una etapa crucial del proceso legal.

La investigación que cursaba en manos de la Fiscalía 48 del Ministerio Público, solicitó a la policía científica investigar los libros de actas. Según información que se desprende de la causa identificada con el número 24F48182-11, la firma de Lilayne Sandrea, la consultora jurídica que redactó las actas, sería falsa, así como las de siete los 22 firmantes que aparecían en los documentos.

Los involucrados debieron someterse, en 2010, a un interrogatorio y llenar tres folios con sus firmas para compararlas con las actas en conflicto. La experticia grafotécnica, concluyó que ocho rúbricas eran forjadas. Siete testimonios ratificaron el hallazgo al asegurar que Sandrea les solicitó firmar un documento sin leerlo y negaron haber participado en las asambleas.

El primer documento fechado el 15 de agosto de 2007 había reunido a 16 representantes del templo para aprobar la incorporación de seis nuevos miembros y designar a Sandrea como secretaria general. La segunda acta del 15 de febrero de 2008, indicaba que los 22 miembros escogieron una junta directiva, encabezada por el pastor Iniciarte. La tercera acta del 20 de agosto designaba una junta consultiva de nueve miembros (el Cuerpo Ministerial) para diseñar la forma de escoger al sucesor del pastor principal en caso de que muriera.

El 9 de agosto de 2012, dos días después de que el escándalo saliera a la luz pública, la fiscalía 48 le imputó a Esmeira Cobos con los cargos de usurpación de funciones continuada, uso de documentos, fraude continuado y apropiación indebida calificada continuada, mientras que Lilayne Sandrea, fue señalada de falsa atestación ante un funcionario público y asociación para delinquir.

Habla la defensa

La respuesta de los ahora indiciados no se hizo esperar. En compañía de su abogado, el penalista Jesús Vergara, la pastora de iglesia La Cruz acudió un día más tarde ante las dos palestras que ahora la señalaban (los medios y la justicia venezolana,) a exponer sus argumentos.

Mientras los demandantes denunciaban un complot para otorgarle a Cobo poderes que le permitieran disponer de las propiedades de la iglesia y el diezmo, la maestra retirada (que entonces tenía 69 años) se defendía asegurando no tener firma autorizada ni acceso a las contribuciones de los fieles.

«No soy ninguna ladrona. Yo no le he quitado nada a nadie. El colegio es mío y el espacio donde está también. Lo voy a vender porque no puedo seguir manteniéndolo. A mí nadie me puede llamar ladrona. Ni siquiera tengo acceso al diezmo», aseguró Cobos, al referirse a la venta de uno de los terrenos señalados por los medios como propiedad de la iglesia.

La pastora, junto a Orlando Montiel, exasesor de Inciarte, y otros cuatro representantes de la iglesia, aseguraron que el abogado de los demandantes, Pablo Aponte, cuenta con el apoyo de su hijo Paul Aponte, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. También afirmaron que la asistente del abogado sería una de las interesadas en quitarle el puesto a Cobos.

Miembros de la iglesia aseguran que este último señalamiento se referiría a Luisa Percefield, una exintegrante de la congregación que fungió como miembro suplente de uno de los representantes de la junta ministerial, que impugnó la designación de Cobos un día después de su designación.

El caso que llenó las páginas de sucesos de los diarios más importantes de la región cayó repentinamente en un silencio informativo y durante cinco años se manejó en medio del más absoluto hermetismo. En vista de que las actas que nombraban a Cobos no habían sido anuladas, la viuda de Inciarte ha continuado ejerciendo el ministerio hasta la fecha.

Resurrección judicial

En conversaciones con Tureporte.con, Jesús Vergara, abogado de la defensa señaló que tras cinco años de inactividad, el pasado mes de julio una nueva querella interpuesta por ante el tribunal 12 de control reactivó el juicio que había caído en un letargo desde el 2013, luego de que Iris Riera, jueza de la causa se jubilara sin haber tomado una decisión.

El experimentado penalista comenta que la nueva acción busca imputar a otras 10 personas en el proceso jurídico ha venido “martirizando” a los integrantes de la familia Inciarte Cobos y algunos de sus allegados.

Vergara cuenta que el caso había pasado de la Fiscalía 48 a la sexta y posteriormente la fiscal general (Luis Ortega) había designado a una fiscal nacional al frente del proceso que a su criterio “está revestido por intereses políticos”, dada la presencia de un familiar de un magistrado del TSJ del lado acusador.

El penalista zuliano ratifica que un grupo de personas que fueron expulsadas de la congregación a la cual él también pertenece “pretenden apoderarse de la iglesia bajo cualquier argumento”.

La defensa asegura que otro elemento en favor de Cobos es que las experticias contables ordenadas por el tribunal no hallaron ninguna irregularidad ni desviación en las cuentas de La Cruz, y tanto las comisiones de culto de la AN como la dirección del MIJ que vela sobre la materia convalidaron la legalidad de las actas que sentaron las bases de la sucesión de Inciarte.

Para el pasado jueves 19 de octubre estaba prevista la audiencia preliminar de las personas señaladas por la nueva acusación, pero esta fue pospuesta para una fecha aún sin determinar.

“Nosotros desde el año 2013 solicitamos otra prueba grafotécnica con la GNB, pero la fiscalía la negó y  pedimos el control judicial que es que el tribunal le ordene a la Fiscalía que realice la experticia que aclararía todo, pero resulta que la juez que estaba ahí (Riera) se fue jubilada y no resolvió nada”, sentenció Vergara al recalcar que todos estos elementos apuntan en favor de la pastora Cobos, ya que “si hubiese habido algo que fuese un verdadero delito la Fiscalía hubiera actuado con prontitud y solicitado ordenes de aprensión contra todos los señalados”.

Ya con 77 años a cuestas, la líder espiritual de la iglesia evangélica más grande del país continúa firme en la tarea que «heredó» de su esposo y aunque la el viacrucis judicial que inició hace ya casi siete años aún está lejos de terminar, se mantiene resuelta a seguir cargando con “La Cruz” sobre sus espaldas.

 

Redacción; Luis Ricardo Pérez P.

Fotografía: Cortesía