Corte Francesa falla a favor de 40 mil venezolanas con prótesis mamarias PIP
Roberto León, presidente de la Asociación Nacional de Protección para los Usuarios y Consumidores, informó que 40 mil venezolanas están incluidas en el fallo de la Corte Superior Francesa a favor de 300 mil mujeres perjudicadas por las prótesis mamarias PIP fabricadas por la la empresa Poly Implant Prothèse.
“La sentencia arropa a 300 mil mujeres en el mundo. De esas 300 mil hay 40 mil venezolanas que tienen la prótesis mamarias PIP, por lo tanto somos uno de los países que tiene mayor incidencia en el caso”, aseguró León en entrevista concedida a Unión Radio.
“Es un caso muy importante para Venezuela, es un ejemplo de lo que se puede lograr con el emprendimiento y la constancia”, agregó.
También, aseguró que junto a las mujeres venezolanas que resultaron afectadas por los implantes de silicona, llevaron una lucha durante seis años. “Ellas mismas se han organizado, hemos hecho un trabajo en equipo y después de seis años de esfuerzo hemos llegado a un final”, afirmó.
Finalmente, indicó al respecto de la cantidad que deberá ser entregada a las féminas para resarcir parte del daño que se estima un valor que supera los 10 mil euros, de acuerdo a los informes preliminares que se han venido estableciendo.
Prótesis mamarias PIP, ocho años de escándalo
La polémica de las prótesis mamarias PIP inició en 2010. Ese año se descubrió que las prótesis fabricadas por la compañía francesa estaban producidas con silicona de uso industrial de grado no médico sin homologar.
La naturaleza de los implantes llevó a la muerte a tres mujeres luego de que la prótesis explotara dentro del cuerpo. El alcance de afectadas fue masivo. Luego de una lucha judicial de varios años, un grupo de 800 mujeres argentinas afectadas comenzaron a recibir indemnización.
Desde 2011, la abogada Virginia Luna, una de las mujeres argentinas afectadas, llevó adelante las demandas de mil víctimas ante la justicia francesa. A esta cifra se sumaron otras más de siete mil de todo el planeta.
El litigio se hizo contra la empresa francesa. Luego, también ante la certificadora alemana TÜV, la firma que debía fiscalizar a PIP, a la que se la condenó a pagar 60 millones de euros a las 20.000 demandantes que están esparcidas alrededor del mundo.
Luna detalló que «en 2013 logramos la primer sentencia condenatoria en sede penal francesa y Jean Claude Mass, el fabricante, recibió una sentencia de cuatro años de prisión».
Redacción: Reyna Carreño Miranda
Fotografía: Archivo
